| Todo en venta 17/01/17 |
Enero 24 de 2017 A la tragedia ocurrida en el Colegio Americano del Noroeste de la ciudad de Monterrey se le suman otras. Una se deriva de la cobertura mediática que ha tenido este hecho, que de manera natural atrajo los reflectores, pues aunque no es la primera vez que se produce un incidente de este tipo en nuestro país, se tiene registro de pocos casos, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, donde recurrentemente ha habido ataques con arma de fuego en instituciones educativas de distintos niveles.
El video del momento en que ocurrió el ataque por parte de uno de los alumnos a su maestra, a tres compañeros y luego se disparó, se filtró a la prensa y algunos medios lo reprodujeron. Poco después de esto se invocó, con razón, la ley que protege los derechos de niñas, niños y adolescentes para pedir que no se publicara, ya que hacerlo constituía una violación a dicha ley. Tanto la Secretaría de Gobernación como muchos usuarios de las redes pidieron no difundir el video. No sólo eso, también se señaló la responsabilidad del vocero de Seguridad de Nuevo León, por haber dado a conocer la identidad de las víctimas, incluido el niño que disparó. Lo cierto es que el video no sólo se filtró a los medios sino que llegó a los usuarios de redes sociales y fue donde más circuló. Es verdad que tanto medios como usuarios de las redes tenían la obligación ética de no replicar el video, pero el hecho es que circuló y mucho. Las razones, aun las menos válidas –como argumentar que era de interés noticioso– o las totalmente injustificables –como la curiosidad morbosa de constatar lo que ocurrió en el momento del ataque–, no importaron, el video circuló profusamente. No se puede negar, sin embargo, que precisamente la existencia del video fue lo que hizo estremecer a una parte importante de la sociedad y dio lugar a la movilización gubernamental para atender la crisis. Además de la atención a las víctimas y el manejo legal del hecho, una respuesta concreta fue reavivar la “operación mochila”, que falta ver cuánto dura y si el ataque en Monterrey logra vencer las resistencias de algunos funcionarios para realizar esta acción preventiva. Sólo para contrastar el poder de las imágenes, en Veracruz, en cambio, está en la agenda el tema de las quimioterapias y las pruebas de VIH falsas, pero el debate se ha centrado más en las aristas políticas, no se ha hecho sentir la voz de la sociedad civil porque las muertes que este fraude pudo provocar en niños con cáncer no tienen una cara, no tienen un nombre. No hay un video. Una amiga me dice que la vida de su sobrina se extinguió en el Centro Estatal de Cancerología y después de conocer la información sobre los medicamentos clonados, el dolor de la familia se ha acentuado porque no pueden dejar de pensar que la pequeña todavía podría estar viva. Nadie ha acudido a entrevistarlos, la gente no sabe de su dolor, no conocen a la pequeña, son ignorados por los medios y por las autoridades, son un número más en una estadística siniestra. No hay forma de que la sociedad se indigne por su sufrimiento. No actuó, en su caso, el poder de la imagen. Estas muertes, quizá prematuras, no tienen forma de “viralizarse”. En Monterrey, además del polémico asunto de la cobertura mediática, o incluso como parte de él, están ahora las declaraciones, muy broncas, es decir, primitivas, del gobernador del estado, Jaime Rodríguez, que pretende ofrecer una solución a problemas como el del Colegio Americano del Noroeste con la creación de preparatorias militarizadas, pues considera que la única forma de atacar estos hechos es con disciplina, pero con disciplina militar. Llama a los padres a “no ser alcahuetes y a no solapar conductas inapropiadas; si tienen hijos que no les hacen caso –les dice– nos los mandan y se los arreglamos” afirma el gobernador. No se sabe qué es peor, si el remedio o la enfermedad. Las declaraciones del gobernador neolonés dan por hecho que la responsabilidad del sangriento suceso es de los padres y que el autoritarismo es la solución ideal para corregir conductas inapropiadas. El año anterior, el diario The Guardian publicó una extensa entrevista con la madre de Dylan Klebold, uno de los dos jóvenes que en 1999 dispararon contra varios de sus compañeros en la secundaria Columbine, en el estado de Colorado, Estados Unidos. La versión de esta madre es desgarradora. Ha sido objeto de muestras masivas de odio porque lo más común es culpar a los padres. Después de transcurridos más de quince años de la tragedia, Susan Klebold no puede desterrar un sentimiento de culpa por no haber logrado detectar los problemas de depresión que llevarían a su hijo –junto a su compañero Eric Harris– a provocar la muerte de trece personas. Repasa una y otra vez las situaciones, afirma que su hijo era un joven amable y obediente, con problemas que parecían sólo ser los propios de la adolescencia y con padres que le prodigaban amor. Nunca identificó señales evidentes de sociopatía. Klebold sigue lamentando este hecho terrible y afirma que si fuera posible daría su vida por la de alguna de las víctimas, pero tampoco puede evitar seguir amando a su hijo. Los padres del joven que disparó en Monterrey quizá se estén haciendo las mismas preguntas. Son tan víctimas como los heridos y su hijo. El problema es, sin duda, complejo, pero el gobernador ya dio su conclusión y por lo pronto invertirá en cuatro preparatorias militarizadas. Ojalá tenga a la mano a algún asesor que le informe que ya no está en campaña y que culpar a los padres no lo exime de su parte de responsabilidad por el entorno de violencia que, como en otras partes de México, hay en Nuevo León, donde las imágenes de muertes violentas –los colgados de Monterrey– a causa del crimen organizado fueron de las primeras que cimbraron al país. Nadie puede dormir tranquilo si los asesinatos masivos en escuelas están comenzando a suceder en nuestro país y todos tenemos tareas por hacer. |
