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25 de junio de 2012
La
oferta en materia de género que han presentado los candidatos a
la presidencia de la República no da buenas razones para que las
mujeres elijan votar por ellos. Esta competencia electoral en la
que participa una mujer no ha marcado diferencias respecto a
otras en las que hubo ausencia de candidatas.
Digámoslo de manera clara. La presencia de Josefina Vázquez Mota
en la contienda por la presidencia no ha generado propuestas de
gobierno con perspectiva de género. No se trata de no votar por
una mujer, pues siempre es elogiable el esfuerzo que debe
realizar una de ellas para destacar en la política, pero se debe
decir con toda claridad que Vázquez Mota no representa a las
mujeres sino a un partido político y con esa óptica es como debe
analizarse lo que esta candidata representa.
La
exigencia de políticas que contribuyan a garantizar a las
mujeres el goce pleno de sus derechos debe dirigirse a cualquier
representante popular, pero es lamentable que cuando está en la
competencia una mujer no parta de su plataforma la iniciativa de
impulsar tales políticas.
Hace pocos días en la ciudad de Xalapa, Marcela Lagarde ofreció
datos que señalan a México como el país con la tasa más alta de
feminicidios en América Latina: anualmente se reportan mil 600
asesinatos de mujeres. Sólo este dato estremecedor debería ser
suficiente para que los candidatos tuvieran a sus asesores
construyendo propuestas para que la población femenina pudiera
sentirse realmente tomada en cuenta.
Son muchos los pendientes en la promoción y respeto de los
derechos de las mujeres. Para empezar, sería necesario
establecer un marco regulatorio más estricto para declarar una
alerta de género. La alerta de género es un mecanismo de
coordinación interinstitucional que se aplica cuando hay
violencia contra las mujeres para garantizar sus derechos. El
número de asesinatos de mujeres señalaría la necesidad de
declarar la alerta de género en varias entidades federativas, lo
cual no ocurre porque interviene el factor político; los
gobiernos rechazan declarar una alerta porque eso implica
admitir que existe una violencia sistemática contra las mujeres,
lo cual supone que las autoridades no han sido lo
suficientemente eficientes para resguardar los derechos
femeninos, especialmente el de la vida.
Es, como puede verse, una víbora que se muerde la cola. La
violencia existe, pero se pretende ocultarla sólo con no
reconocerla. Y, como una alerta de género hace ver mal a un
gobierno, simplemente no se declara y no se ponen en marcha
acciones especiales de distintas dependencias para proteger la
vida de las mujeres en lugares donde el secuestro, la
desaparición o los asesinatos se van sumando en un ábaco
macabro. Los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad
civil tienen límites para exigir la declaratoria, pues una vez
solicitada, corresponde a la Secretaría de Gobernación o a las
secretarías de Gobierno de los estados declarar la alerta.
El
asunto, sin embargo, es lo suficientemente grave como para
dejarse a la interpretación y a la voluntad política (o falta de
ella), por lo cual se requiere de un marco normativo y
procedimental más estricto y específico con el cual se pueda
sentir respaldada la sociedad civil o cualquier ciudadano que
realice una solicitud de esta naturaleza como para tener la
certeza de que se trata de un mecanismo legal para proteger la
vida y no una reputación política. Un gobierno será mejor
apreciado si enfrenta los problemas en lugar de pretender que no
existen, pues es éste un principio básico de la gobernabilidad.
Es
preciso reconocer que la violencia contra las mujeres se
alimenta con la actuación lenta, desinformada o indolente de las
autoridades ministeriales. Una respuesta de protección a las
mujeres positiva y consistente en el sistema de impartición de
justicia crearía paulatinamente un clima de seguridad que
detendría a los agresores, sin embargo, sólo como ejemplo, los
mecanismos para emitir las órdenes de protección de víctimas
están sujetos a la voluntad e interpretación de autoridades poco
capacitadas en perspectiva de género. Si a esto se suma la
carencia de refugios, que según la ley deberían estar
disponibles para la seguridad de las mujeres víctimas de
violencia o la operación deficiente de los que existen, la
protección no es real y las mujeres siguen enfrentándola como un
asunto personal e individual.
El
número de casos de mujeres y niñas desaparecidas aconsejarían
plantear de manera urgente un plan especial para su búsqueda, lo
mismo que las investigaciones para los expedientes sin resolver
en asesinatos de mujeres.
Como vemos, no es suficiente con afirmar en actos de campaña que
se “protegerá a las mujeres” o que las “mujeres tendrán apoyo”,
hay que decir cómo se les protegerá y qué tipo de ayudas se
pondrán en marcha; es necesario enfrentar con claridad y firmeza
los pendientes con los derechos de las mujeres. Lo que hemos
visto hasta ahora nos indica que los candidatos no han
profundizado en la perspectiva de género. El tema de las mujeres
sólo es argumentativo para sus campañas.
Atender estos pendientes es inaplazable. En lugar de proponer
que las mujeres se conviertan en modernas Lisístratas por no
votar por una mujer, mejor condicionemos nuestro voto al
ofrecimiento de un programa coherente en materia de género.
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