Diputados morenistas en el Congreso del Estado
de Hidalgo dan la espalda a la nueva integrante del Consejo de la
Judicatura del Tribunal Superior de Justicia
Pachuca, Hgo., 28 de junio de 2022 (Hidalguía).- En el congreso del
Estado, cuando Lidia Noguez Torres tomó protesta como
integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado de Hidalgo, Lizeth Marcelino y Andrés Caballero,
diputados morenistas dieron la espalda al hecho que el presidente de
la Mesa directiva de junio, Roberto Rico Ruiz encabezó.
Noguez, colaboró en la Secretaría de
Gobernación a finales de los 90, siendo Subsecretario el
exgobernador Jesús Murillo Karam. Escándalos de la época
fueron el asesinato del conductor de televisión Francisco Stanley,
y el otorgar credenciales (charolas) de la institución a quienes
como "agentes de Gobernación" eran impunes para muchas autoridades.
Dichas charolas tenían la firma de Lidia Noguez, en su
condición de directora jurídica de la Subsecretaría de Gobernación.
Fue directora jurídica del Instituto Hidalguense
de Educación Básica, cuando el titular era Omar Fayad Meneses,
entonces parte del gabinete de Jesús Murillo Karam; luego le
acompañó (ella) a Fayad Meneses, en la procuraduría General
de Justicia, hasta que se fue a la Ciudad de México para integrarse
al equipo de Jesús Murillo, en la Secretaría de Gobernación.
Noguez Torres, es esposa de Enrique
Badillo, quien es ahora secretario particular de la secretaria
de Energía, Rocío Nahle, Badillo apoyó al ahora gobernador
electo, Julio Menchaca Salazar, durante la campaña electoral.
En el 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) indagó a Lidia Noguez por malversación o peculado, la
ex Visitadora General de la PGR, así como a Jaime Luna Ángeles,
ex coordinador administrativo de la Visitaduría, todos ellos
hidalguenses y ex colaboradores de Jesús Murillo Karam en la
PGR. Era investigada por presuntos desvíos por 102 millones de pesos
En esta indagatoria, instruida bajo el sistema de
justicia tradicional, existen registros de retiros por más de 32
millones de pesos en favor de Balam Seguridad Privada,
empresa que algunas versiones periodísticas han señalado como
proveedora del software espía Pegasus para la PGR, aunque la
compañía lo ha negado.
Se espera al declaración
de
Lizeth Marcelino y Andrés Caballero, ante su acción.
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