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Junio 21 de 2016 Digámoslo de una manera sencilla y clara: al gremio magisterial no le gustó la Reforma Educativa, porque tiene poco de educativa y mucho de punitiva, con la aplicación de una evaluación de la que depende la permanencia en el trabajo. El fundamento teórico de la reforma no es del dominio de todos los maestros, mucho menos de la ciudadanía y todavía menos de los funcionarios, precisamente aquellos que la están imponiendo; de modo que la opinión pública, los padres de familia o la sociedad en general, no hacen sino tomar partido por quien mejor le cae o por quien ha tenido mejores voceros: los maestros o el gobierno, pues no tiene elementos para decidir quién tiene la razón.
Son las dos caras de la reforma: una laboral, administrativa y política, y otra de tipo pedagógico con un nuevo modelo teórico que se debe aplicar en las aulas. El enfoque adoptado por las autoridades educativas es el llamado por competencias. Para decirlo en términos muy sencillos y a riesgo de caer en una simplicidad ramplona, se refiere a la concurrencia de saberes teóricos, prácticos y de actitud para solucionar problemas o para ejecutar una tarea. En esencia, de acuerdo con el enfoque actual, la competencia es el principio organizador del currículo. Es una teoría muy de moda, adoptada en muchos países, pero no en todos. Es compleja, ha sido muy debatida y algunos creen en ella como en el Espíritu Santo y otros se muestran escépticos, quizá con razón y por muchas razones. La principal es que la falta de comprensión profunda de esta teoría lo único que hace es simplificarla de tal modo que termina siendo una caricatura o una tesis de la que se conserva el discurso, pero en el aula, allí donde se define si un alumno aprende o no, se recurre a los métodos tradicionales de siempre, como hacer memorizar datos y más datos a los estudiantes o impartir tal cantidad de contenidos que llevan a la misma educación enciclopédica de hace años. La evaluación de los docentes, la cara más evidente de la reforma, plasmada en un nuevo marco legislativo ha sido la más controvertida porque marca como consecuencia, para quienes no aprueban, perder el empleo. La mayoría de las opiniones periodísticas que he leído sobre la reforma sólo se refieren a la evaluación porque es la que tiene la carga política más relevante, pero es necesario hablar del modelo para entender por qué ha habido rechazo a la evaluación. Las autoridades educativas han generado acuerdos que sintetizan lo que se espera del desempeño de los estudiantes, los docentes y los directivos al amparo de este modelo, pero se dificulta su aplicación en un sistema educativo masivo y diverso como el nuestro. Es difícil en este momento saber hasta qué punto se ha logrado hacer penetrar el modelo. Puedo decir que en una zona urbana he escuchado decir a una joven maestra, abogada, que leyó mucho para el examen (que aprobó), pero en realidad no sabe nada de las competencias, pues tantas lecturas le generaron más confusión. Cierto que la obligatoriedad de la evaluación puede haber propiciado algunas modificaciones de la práctica docente con base en el nuevo modelo. Se trata, sin embargo, de una evaluación que además de indagar sobre el dominio de la materia que se imparte revisa en forma exclusivamente documental lo que el maestro dice y muestra de su propia práctica. Es una evaluación coja, incompleta y en muchos casos injusta, porque evalúa el discurso, la habilidad que un maestro tiene o adquiere para argumentar teóricamente, de presentar su tarea docente con el discurso que para los evaluadores es adecuado. Está dejando fuera a los docentes que siendo buenos maestros no se han apropiado del discurso pedagógico. El diseño de la evaluación actual puede arropar simulación y engaño. Las dificultades de este tipo de evaluación aunada al riesgo de perder la plaza han generado un gran rechazo, incluso por parte aquellos que han acudido voluntaria e institucionalmente a ser evaluados. El gran problema es que la autoridad no ha abierto ninguna compuerta al debate sobre estos temas. El secretario de Educación optó por empuñar la espada de la amenaza si no se cumplía con la evaluación. Nadie ha escuchado a Aurelio Nuño hablar de las bondades del enfoque por competencias, lo que da derecho a pensar que lo desconoce e ignora si es bueno o malo, sólo sabe que es obligatorio. Los pobladores de Oaxaca tienen una larga historia de miseria, de carencias y problemas de diverso tipo. Los conflictos político-sindicales han estado a la orden del día desde la década de los 70. La población indígena ha tenido que padecer el yugo de caciques y fuerzas paramilitares, eso la ha hecho recia. El pueblo oaxaqueño no es fácilmente domeñable. Podremos no estar de acuerdo con la rijosidad de la CNTE o de la Sección XXII del SNTE, pero tendríamos que preguntarnos qué motivación tan grande tienen como para permanecer en una lucha tan feroz por conservar sus plazas. La persistencia va más allá del poder de convocatoria de los líderes. La autoridad no se ha preguntado si las estrategias para imponer un modelo educativo han sido las adecuadas, sólo quiere hacer el examen. Tampoco somete la reforma y la evaluación al examen de los maestros. Nunca les ha preguntado qué opinan de la reforma. Exactamente lo contrario de lo que reza el nuevo modelo que dice abrazar. El rechazo a la reforma no es irracional, tiene razones sólo con distintas formas de mostrarlo. Este nuevo modelo seguramente tiene aspectos positivos que se ocultan por la imposición vía la evaluación y el castigo. A contrapelo de las modernas teorías educativas, el magisterio vive el examen como castigo. No se puede explicar de otro modo la evaluación docente resguardada por cuerpos policiales. No entender esto es lo que ha llevado a los hechos de Nochixtlán. El Estado mexicano se ha mostrado ante el mundo como un Estado autoritario que se atreve a agredir a balazos a sus maestros. Las declaraciones del gobernador de Oaxaca en el sentido de que ninguna de las personas asesinadas era maestro, lo cual ya se vio, es impreciso, no hace más que corroborar a la opinión pública de México y del mundo que probablemente los maestros tienen razón y que existe una base de apoyo que no tiene la postura gubernamental. Es absolutamente impostergable el diálogo. Resulta inadmisible que la tozudez de un funcionario permita que corra más sangre. Ni Nochixtlán ni Oaxaca ni México ni el gremio magisterial se merecen este uso desproporcionado de la fuerza en el afán de hacer valer una ley como sagrada, porque paradójicamente se convierte en ilegítima y se aleja del estado de Derecho. |
