La situación que priva en la comunidad La Nueva Jerusalén del municipio michoacano de Turicato no es nueva; la gran cantidad de notas y reportajes de los noticiarios televisivos la colocó otra vez en la agenda pública y obligó a las autoridades a actuar. Este poblado, donde sólo imperan las normas religiosas y que ha escandalizado por el nivel de adoctrinamiento de sus habitantes, volvió a ser noticia en agosto de este año, cuando un grupo de pobladores, que rechazan la educación laica, impidió a golpes que la escuela del lugar comenzara el año escolar y para evitar la insistencia la destruyeron.

En 1982, el programa 60 minutos de Televisa le dedicó una emisión que dio cuenta del fanatismo religioso que prevalecía en ese lugar y el código altamente restrictivo impuesto por Nabor Cárdenas, mejor conocido como “Papá Nabor”, quien decía seguir con ello, dictados divinos. Hoy causa estupor el poder demostrado por los dirigentes religiosos frente a las instituciones gubernamentales, cuando en verdad resulta lógico que así suceda después de cuarenta años en que tal situación se ha tolerado. Llegó a ser tan “normal” que cuando aparecieron las primeras notas, las autoridades municipales, estatales y federales intentaron eludir su responsabilidad de hacer valer el estado de derecho. Las mismas que permitieron a “Papá Nabor” y a Martín de Tous —heredero de Nabor— acrecentar su poder e influencia sobre esa población desde 1973.

Sin duda, La Nueva Jerusalén es, en muchos sentidos, un reto para el gobierno federal y para los legisladores, quienes han guardado un nada extraño, pero mustio y cómplice silencio. Hace apenas siete meses que el Senado de la República aprobó la reforma al artículo 40 de la Constitución para ratificar el carácter laico del Estado mexicano; hay que recordar, sin embargo, que la Cámara de Diputados dictaminó sobre esta reforma desde febrero de 2010, dictamen que debió esperar más de dos años a ser desenterrado por la Cámara de Senadores. Sólo un mes después, los senadores aprobaron la reforma al artículo 24, promovida por grupos conservadores, señaladamente la iglesia católica cobijada por el PAN.

La reforma al artículo 40 es producto de varias iniciativas presentadas entre 2006 y 2009, las cuales recibieron impulso de diversos grupos académicos y de la sociedad civil, entre ellos el Foro Intereclesiástico Mexicano, Católicas por el Derecho a Decidir, el Grupo de Información y Reproducción Elegida y Ciudadanos en Defensa del Estado Laico que reunió a escritores, abogados, académicos y otros personajes destacados de la academia, la política y la cultura.

El gran activismo de los grupos conservadores para promover a nivel federal y estatal iniciativas de ley que protegieran el derecho a la vida desde la concepción, que no era otra cosa que buscar la aprobación de leyes antiaborto, alentó también el activismo de los grupos que defienden los derechos de las mujeres, específicamente el derecho a elegir sobre su cuerpo, para reivindicar el carácter laico del Estado mexicano, ya que en la defensa de la laicidad radica un argumento importante para detener la tendencia hacia la aprobación de leyes que imponen perspectivas cargadas de moralidad. La modificación propuesta al artículo 24 que señala. “toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión” ofrece, entre otras cosas, argumento legal a los médicos que se niegan a practicar un aborto.

El debate de estos temas se renueva, no con un asunto de salud, sino con uno educativo y de gobernabilidad. ¿A qué argumento legal se adjuntarán las Secretarías de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación para manejar el caso de La Nueva Jerusalén? ¿Será que estas dos dependencias federales están esperando a ver qué tanto crece el tema en la agenda política para decidir si intervienen o no? ¿O es que existe contradicción entre el deber institucional y sus propias creencias religiosas? No olvidemos que el Secretario de Educación Pública, José Ángel Córdova Villalobos, como presidente de la Comisión de Salud de la LIX Legislatura en 2007 se opuso a las reformas a la Ley General de Salud para ampliar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y rechazó la inclusión de la píldora del día siguiente en el cuadro básico de medicamentos.

A la vista de lo que sucede en la Nueva Jerusalén, es necesario recordarle al ejecutivo federal que la ley vigente es la del Constituyente de 1917, heredero de la reforma conseguida con sangre por el pueblo, los ideólogos y los políticos que dieron forma al Estado mexicano hace poco más de 150 años. En la Nueva Jerusalén, sin embargo, no vale la Constitución, ni la ley electoral, ni las leyes educativas o de la salud. Cada día que se acumula con una actitud omisa por parte de las autoridades federales es una afrenta a nuestra herencia histórica.

La Nueva Jerusalén es un caso que atañe tanto al gobierno federal como a los legisladores federales y estatales, y a la misma cúpula eclesiástica. Hasta ahora, el gobierno federal ha dejado el asunto en manos del gobierno estatal y ha limitado su actuación a cuestiones de administración educativa, cuando el asunto medular es de federalismo y gobernabilidad. La Nueva Jerusalén en este momento está fuera de la jurisdicción de las leyes federales y estatales. Los congresos estatales que todavía no votan la modificación al artículo 24 constitucional deben considerar la lección de la Nueva Jerusalén y tener presente que su compromiso no es sólo con los acuerdos coyunturales de sus partidos sino con la Historia de México. Hasta ahora seis congresos estatales han aprobado la reforma, en tanto que otros seis la han rechazado. La cúpula religiosa católica, por su parte, no puede olvidar que el derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión que se pretende asentar en el artículo 24 puede ser invocado por cualquier religión, incluido, claro está, el grupo religioso de la Nueva Jerusalén que fue expulsado de la iglesia católica.

En la Nueva Jerusalén retrocedimos cientos de años. Juárez, Zaragoza, Ocampo, Gómez Farías y Lerdo de Tejada pudieron ver con claridad que si no se neutralizaba el poder de la iglesia no habría Estado y que el laicismo es el único campo fértil para la democracia. Permitir este retroceso en los congresos es desechar los instrumentos que aran ese campo y limitar severamente la construcción de un país de leyes.

Ante lo que ocurre en el poblado michoacano y el proceso legislativo para modificar la Carta Magna, el constituyente que dijo “La República se salvará cuando el pueblo mexicano aprenda a leer antes que a rezar, sepa el camino del taller antes que el de la taberna y sus manos se acostumbren primero al arado que al incensario” debe estar revolviéndose en su tumba. Esperemos que pueda volver a descansar en paz.

Juárez no debió de morir Política en tacones De Pilar Ramírez ramirez.pilar@gmail.com

Juárez no debió de morir
Política en tacones
De Pilar Ramírez ramirez.pilar@gmail.com