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17 de septiembre del 2009
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Opacidad Sindical 1 de octubre del 2009 El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, insiste en que no hay un plan B en material fiscal, lo cual no puede representar sino malos augurios para los contribuyentes, porque el gobierno federal cabildeará sin descanso la propuesta de aumentar los impuestos –y con ello seguramente los precios en muchos productos- para lograr que los legisladores la avalen. El cabildeo lo hará única y exclusivamente para que se cumpla el anhelo ciudadano de pagar más impuestos y evitar así la necesidad de recurrir a marchas o plantones a las muchedumbres que el imaginativo ministro de Hacienda asegura están deseosas de incrementar su tributo al gobierno que tantos parabienes le procura.
Por más que el gobierno federal ha buscado, no ha logrado encontrar otros caminos para hacer ahorros o incrementar sus ingresos. Es extraño porque en cualquier oficina gubernamental se puede ver el gasto excesivo en ciertos renglones como papelería, energía eléctrica o teléfono. Una observación más cuidadosa nos permitiría ver que los gastos destinados a proporcionar privilegios a los funcionarios resultan un poco más abultados: vehículos, gasolina, gastos de representación, personal de asistencia. Es la paradoja de la vida pública mexicana: se le otorgan más prebendas económicas a quienes más ganan, esto aunado a que en la burocracia nacional se estila que haya más jefes que apaches y todos exigen privilegios que le cuestan al erario. Existe otro rubro de gasto mucho más importante que debería ser objeto de atención de Hacienda y son los cuantiosos recursos que el gobierno proporciona a los sindicatos, de los que casi nunca se habla.
En marzo de este año se dio a conocer que en seis años la Secretaría de Educación Pública había entregado 533 millones de pesos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sin conocer su destino porque el sindicato no está obligado a rendir cuentas sobre ello. Así, a pesar de tratarse de recursos públicos, no cae en ninguno de los supuestos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Las finanzas sindicales no están a discusión, para acabar pronto, la lideresa afirmó “no somos tontos como para decir la cantidad de dinero que recibimos”.
El senador Santiago Creel Miranda presentó el pasado 10 de septiembre una iniciativa para hacer modificaciones a la ley de Transparencia con objeto de incluir a los sindicatos de organismos públicos como sujetos obligados indirectos de las obligaciones que señala dicha ley. Es decir, que los sindicatos que reciben recursos públicos estén obligados a informar de su destino. Este aspecto sería sólo un comienzo para iniciar el combate a la opacidad de los organismos sindicales que son, hoy por hoy, las entidades menos transparentes. Trátese de grandes organismos gremiales que actúan a nivel nacional como el SNTE o Pemex u organizaciones pequeñas, no existe en la actualidad un marco normativo que los obligue a informar, ya no digamos a la sociedad, sino a sus propios agremiados, cuánto reciben y en qué se gastan los recursos del sindicato. Esta opacidad es una de las razones más importantes a las que responde el poder de muchos líderes sindicales, quienes utilizan las cuotas de los trabajadores y los recursos adicionales que reciben de la parte patronal para permanecer en el poder, para comprar conciencias y toda la materia corporal que las acompaña a fin de obtener lealtades que les permitan permanecer en el liderazgo y, por supuesto, continuar disfrutando de los recursos sindicales sin rendir cuentas a nadie. Es común también que los líderes nacionales utilicen los recursos económicos para controlar a los líderes seccionales, pues con la inyección de dinero siempre encontrarán a alguien dispuesto a reemplazar a quienes no se ajusten de manera estricta a los dictados de la cúpula. La vida sindical se nutre de opacidad y antidemocracia; contribuyen a ello, lamentablemente, recursos públicos, mismos que podrían, en la actual situación de crisis, tener un mejor destino.
Veremos qué suerte corre la iniciativa de Santiago Creel, que a pesar de ser sumamente moderada, deberá sortear como primer filtro a los legisladores del sector obrero.
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