Vivir en el error
26
de marzo del 2009
 El
abogado y político tuxpeño César Garizurieta acuñó una frase que ha
signado buena parte del leitmotiv de la política mexicana: “vivir
fuera del presupuesto es vivir en el error”. Esta expresión –vigente y
robusta a pesar de lo sobada- tiene la carga de cinismo necesaria para
retratar fielmente las ambiciones de quienes buscan con afán un cargo
gubernamental y muy posiblemente escondida detrás de la carcajada que
provoca, también muestra un aspecto especialmente siniestro del servicio
público.
Hace años el “hueso” solía ser la garantía de una vida
cómoda, es decir un cargo al que se le roía todo lo que era posible.
Todo mundo intuía que los funcionarios recibían mucho más de lo que
aparecía legalmente en un comprobante de pago y además de los ingresos
–dependiendo del nivel y la institución de que se tratara- las prebendas
incluían viajes, automóvil, chofer que atendía no sólo al funcionario
sino a su familia, ayuda para gasolina que generalmente sobrepasaba lo
que el servidor público gastaba en combustible para cumplir con su tarea
y “gastos de representación”, concepto que nunca he entendido
completamente pero que aparentemente es lo que pagamos los
contribuyentes a los funcionarios para que coman y beban a sus anchas
amparados en el membrete de la dependencia que representan. En años más
recientes y más tecnologizado el “hueso” incluye también servicio de
telefonía celular e internet móvil.
Con el advenimiento de la era de la transparencia hemos
podido ver, como dice Federico Campbell, palabras más palabras menos,
cómo los funcionarios se apropian de los bienes públicos de manera
legal. La ambición sigue siendo la misma, las motivaciones para llegar a
un cargo público no han cambiado esencialmente, sólo que ahora es
“transparente”. La ventaja para los ciudadanos es que al hacerse pública
la información sobre las canonjías de los altos funcionarios aparecen
mecanismos para frenar los excesos.
La intención de los consejeros electorales de asignarse
salarios de 325 mil pesos mensuales por un trabajo que aún no desempeñan
y por logros que aún no obtienen ya que todavía no conducen ningún
proceso electoral, resultaba exorbitante. Si se considera que el
aumentito de sueldo se lo dieron en un contexto de crisis económica, los
consejeros serían la verdadera kriptonita para Supermán si vivieran en
Metrópolis. Lo más insólito es que ante la indignación popular, la
crítica de los medios y el exhorto de la Cámara de Diputados, los
consejeros primero se resistieron a cancelar el incremento salarial y
cuando no tuvieron más remedio que recular en la decisión, uno de ellos
tuvo cara para rechazar que fuese por presión de los legisladores.
Por supuesto que las habas de la ambición y la búsqueda del
dinero fácil se cuecen en muchas partes. Allí están los directivos de la
aseguradora AIG con sus escandalosísimos y multimillonarios
sobresueldos, cobrados después de que el gobierno le inyectara recursos
para evitar la quiebra. Una diferencia verdaderamente significativa
estuvo en la reacción ciudadana. Mientras en México la protesta más
severa ocurrió en los medios, en Estados Unidos los contribuyentes
realizaron manifestaciones contra los ejecutivos. Los activistas se
hicieron presentes durante la comparecencia del representante de AIG
ante el Congreso y le espetaron en pancartas toda suerte de reclamos.
Los directivos de la Unidad de Productos Financieros de AIG, a quienes
se responsabiliza del derrumbe de la aseguradora, cobraron por un
trabajo que no hicieron, igual que pretendían los consejeros del IFE,
darse la recompensa antes de mostrar sus resultados.
La llamada “ley anticodicia” en Estados Unidos, que grava
ahora con una tasa de 90% las primas de los ejecutivos y la ley de
salarios máximos en México, que sólo avanzó ante el temor de una
reacción negativa de los votantes y que estipula que ningún funcionario
puede percibir un salario mayor al del presidente de la República
intentan detener una ambición que coloca a los directivos o a los
funcionarios como miembros de una casta cuyos privilegios emanan de ella
misma, pero que se pagan con la contribución de los ciudadanos.
En España, también debido a los excesos en las percepciones
de funcionarios, algunas regiones han intentado establecer un criterio
proporcional al número de habitantes para determinar los sueldos de los
alcaldes, lo cual suena lógico pues de ello dependerá la magnitud del
trabajo que desarrolla el servidor público. Con esa lógica, el alcalde
panista de Querétaro parecería equiparar su tarea con la del Presidente
del país, pues su salario asciende a 132 mil pesos, mientras que el
segundo recibe poco más de 145 mil pesos. Como dijera el escorpión
cuando la rana lo ayudó a cruzar el río, no importa el color del partido
por el que se llega a los cargos públicos, aprovecharlos está en su
naturaleza.
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