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En la lona
Política en tacones
De Pilar Ramírez
1 de noviembre 2012
Terminó el conflicto con
los normalistas. Es un decir, porque la rendición de la
Secretaría de Educación Pública no fue para concluir un
conflicto sino para evitar que creciera y tampoco fue
para darle una solución al problema, porque ése allí
sigue, los acuerdos simplemente evitan que se vea.
Tal como los
normalistas querían, se aplazó la aplicación del nuevo plan de
estudios en las normales rurales. Y también, como parecía ser la
finalidad de los normalistas, sacaron el tema del ámbito
académico y lograron colocarlo en la agenda política. Quizá
decir los normalistas no es del todo correcto, porque aunque los
medios que dieron cobertura al asunto se refirieron en todo
momento al conflicto entre normalistas y el gobierno de
Michoacán, lo cierto es que se convirtió en un conflicto entre
las autoridades educativas y el gobierno de Michoacán con la
Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México que
agrupa a los estudiantes de las 16 escuelas normales rurales que
existen todavía en México. La fuerte politización de esta
organización, creada en 1935, aunada a su capacidad de
movilización anunciaba un conflicto de dimensiones mayores que
el gobierno federal no deseaba enfrentar en el final de la
administración ya tan señalada por muchas otras razones.
Las escuelas normales
rurales que surgieron en 1928 —la primera de ellas fue la de
Tacámbaro, Michoacán— combinaban la educación para formar
maestros y el aprendizaje de labores agrícolas, ofrecían a los
alumnos albergue para dormir, es decir, eran internados y
ofrecían becas a los estudiantes. La finalidad era formar
maestros que se convirtieran en líderes de las comunidades
rurales de las que eran originarios. Durante el gobierno de
Lázaro Cárdenas las normales rurales tuvieron un fuerte impulso,
porque la educación durante el cardenismo fue uno de los sellos
relevantes, de modo que se consideró pertinente fortalecer a las
comunidades formando a varios de sus miembros que podían
reintegrarse para dar impulso al desarrollo educativo y
económico.
Hoy, el contexto en
el que operan las normales rurales se ha transformado
radicalmente. Muchos de los estudiantes matriculados en esas
escuelas no provienen de zonas rurales y una gran cantidad de
ellos tampoco irán a ejercer la docencia en ese tipo de
comunidades. Se mantiene, sin embargo, el activismo de la
Federación que ha logrado instaurar una especie de gobierno
paralelo en las escuelas normales. Tanto las autoridades
federales, como distintos gobiernos estatales han intentado, sin
mucha fortuna, acotar el poder que ha cobrado la organización a
lo largo de los años. Ella decide el uso y destino de muchos
recursos de las escuelas, si hay o no clases, admiten o vetan
autoridades y deciden acerca de muchos asuntos en las escuelas,
con una capacidad de decisión indiscutible.
La aplicación de un
nuevo plan de estudios dio a esta organización el pretexto
perfecto para iniciar el movimiento del que dieron cuenta los
medios en el pasado mes y medio. Se trato de una rebelión que no
contó con el apoyo popular. Las demandas estudiantiles que
traducían básicamente en el rechazo a capacitarse en el manejo
de las nuevas tecnologías de la información, en el manejo del
inglés como segunda lengua y la descalificación de un plan de
estudios para mejorar la formación de los maestros, seguidas de
las actividades delictivas que realizaron los estudiantes de la
Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga no podían convocar el
respaldo de la opinión pública. Al contrario, la imagen de la
justicia quedó bastante maltrecha cuando fueron liberados los
estudiantes detenidos por secuestrar e incendiar vehículos.
Los líderes
estudiantiles maniobraron para exhibir abusos de autoridad y
perfilar a las autoridades judiciales michoacanas como
victimarias. No lo lograron. Aún así, las autoridades educativas
federales cedieron para evitar que el conflicto escalara a
dimensiones difíciles de manejar, pues la beligerancia de los
líderes estaba a la vista.
El rechazo a la
reforma curricular se confirma sólo como pretexto, al ver que en
los acuerdos a los que se llegó con la Dirección General de
Educación Superior para Profesionales de la Educación incluye el
compromiso de las autoridades federales y estatales a atender
“las necesidades de personal e infraestructura de las escuelas
normales”. Es decir, se exigen recursos para evitar que la
carencia de ellos ponga en peligro la existencia de estas
escuelas que ya le resultan prescindibles al sistema y quizá a
la sociedad también.
La gran interrogante
es si esos estudiantes que hoy rechazan aprender más tienen
alguna posibilidad de contribuir más adelante a desterrar los
graves problemas educativos que tiene nuestro país. ¿Qué clase
de maestros serán una vez que egresen? Dentro de tres o cinco
años probablemente sean egresados que reprueben el examen para
ingresar al magisterio o docentes que resulten mal calificados
en la evaluación universal. Entonces podremos verlos
responsabilizando a las autoridades de no formarlos
adecuadamente.
Mientras tanto, el
secretario de Educación, que ya no será funcionario cuando se
manifiesten los problemas que deja hoy en gestación, afirma
enfáticamente desde la lona que los normalistas no doblaron a la
SEP. Debe ser porque cayó muy derechita y rígida.
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