Adiós al PAN
Política en tacones
De Pilar Ramírez
8 de noviembre 2012
Dentro de pocas semanas nuestro
país dejará de ser gobernado por el PAN. El fin de los gobiernos
conservadores puede representar una tregua para la población
femenina de México, cuyos derechos fueron violentados en estos
últimos doce años una y otra vez por administraciones cuyo
fundamento ideológico es contrario a la promoción del ejercicio
pleno de ciertos derechos humanos de las mujeres.
Resulta paradójico
que haya sido justamente en este lapso cuando se promulgó la Ley
General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia y
la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, sin embargo,
tampoco es posible olvidar la participación de la sociedad civil
para lograrlo, el activismo de las organizaciones no
gubernamentales defensoras de los derechos de las mujeres y las
tendencias mundiales que han orillado a los gobiernos a sumarse
a ellas para ser políticamente correctos, en diversas ocasiones
con el sustento que ofrecen los acuerdos internacionales
—especialmente los de carácter vinculante— signados por México,
como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres, mejor conocida como
CEDAW.
Por lo anterior, las
nuevas herramientas jurídicas a disposición de las mujeres para
defender sus derechos han sido de gran valor y no las
consideramos en modo alguno concesión graciosa de los dos
gobiernos anteriores.
No se nos olvida el
lenguaje sexista de Vicente Fox disfrazado de ingenio o
gracejada ranchera, porque aquello de la lavadora de dos patas
era el barrunto de lo que seguiría. Este lenguaje y una conducta
aparentemente trivial pero irrespetuosa como llamar a su esposa
con un silbido fue sumamente reveladora de que en este personaje
no había fronteras entre lo público y lo privado.
Las mujeres le
decimos al
PAN
que no extrañaremos su discurso hueco de apoyo a las mujeres
mientras por otro lado promovía en los congresos estatales
iniciativas para criminalizar el derecho a decidir sobre la
maternidad y sobre nuestro cuerpo, cruzada retrógrada que tuvo
como resultado un enorme reto para las mujeres: impedir que la
tendencia continúe y trabajar para revertir esa circunstancia en
las 19 entidades donde el
PAN,
directa o indirectamente,
logró leyes antiaborto enmascaradas de legislaciones que
“protegen la vida desde la concepción”.
Tampoco echaremos de
menos acciones como las que llevaron a cabo administraciones
panistas —y también algunas del
PRI—
que dieron en prohibir minifaldas, escotes y besos con
determinaciones oficiales escandalosamente moralizantes y
absurdas.
Recordaremos y
haremos que se recuerde que gobiernos panistas hicieron
encarcelar a mujeres a quienes al no poder acusar por aborto
torcieron la ley y les enderezaron el delito de “homicidio en
razón de parentesco”. Estas injusticias no ha sido exclusivas
del panismo, cierto, pero sin duda las acciones de los grupos
más conservadores, generalmente asociados al
PAN,
propiciaron un clima de persecución contra las mujeres
sospechosas de haber abortado y no fueron pocos los casos en los
que se cometieron verdaderas felonías en contra de mujeres que
en realidad fueron castigadas por su pobreza e ignorancia, sobre
ellas se cebaron para dar su ejemplo moralizante.
¿Cómo olvidar la herencia de feminicidios no
resueltos? Las promesas no cumplidas durante doce años hablan
fehacientemente de la falta de voluntad para resolver los
homicidios y diseñar políticas públicas que llevaran a una
actuación institucional más eficiente para detener esta
violencia extrema contra las mujeres.
Tampoco extrañaremos acciones gubernamentales como
la de la Procuraduría General de la República y la Comisión
Nacional de Derechos Humanos que destinaron recursos y esfuerzos
para impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la
constitucionalidad de la ley que despenalizó el aborto en el
Distrito Federal. Fuimos testigos de uno de los absurdos
institucionales más siniestros: los órganos encargados de
proteger los derechos humanos y de procurar justicia buscaban
con afán despojar a las mujeres capitalinas de su derecho a
decidir sobre su cuerpo. Servidores públicos que estaban más
preocupados por atender una agenda política e ideológica que por
cumplir la función para la que habían sido designados.
La defensa de los derechos humanos de las mujeres,
especialmente el del derecho a decidir, ha ido acompañada de un
reclamo por la reivindicación del Estado laico, el cual se ha
visto lesionado por una administración federal que ha antepuesto
su fe religiosa a los deberes institucionales. De allí la gran
presión que ejercieron los legisladores panistas para evitar la
modificación al artículo 40 Constitucional que ratifica el
carácter laico del Estado mexicano y cuando fue inevitable el
cambio maniobraron para canjearlo por la modificación al
artículo 24 que abre la puerta a la educación religiosa con el
reconocimiento al derecho de conciencia.
Como decía Orson Welles, la felicidad depende de
cuando terminas la historia. Las mujeres hubiésemos tenido una
feliz relación con la alternancia que produjo la llegada del PAN
al poder si hubiese terminado, digamos, en junio de 2001, cuando
estalló el toallagate y nos dimos cuenta que la oferta de
honestidad con que el PAN había arribado a Los Pinos sólo había
sido una estrategia de campaña.
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