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30
de agosto de 2013
Las reformas en
educación han generado una serie de inquietudes que no
se limitan a las protestas de la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación, cuya violencia ha
acaparado los medios. Los cambios que se intentan y el
rechazo que han generado están envueltos en una serie de
contradicciones acalladas por la “nota” que han dado los
maestros por la virulencia de su negativa a aceptar los
términos de la Ley del Servicio Profesional Docente.
Los medios se han volcado
sobre la agresividad de las protestas que la semana
anterior obligaron a los diputados a cambiar de sede
para sesionar. En esta semana, la nota fue el monto de
los daños que tal protesta ocasionó y que, según se
reportó, ascienden a 4.5 millones de pesos.
Sin duda que los cambios a
la ley educativa, específicamente la del Servicio
Profesional Docente, tiene aspectos discutibles pero la
opinión pública poco reparará en ello porque la
información sobre las formas indecorosas que tienen los
maestros de la
cnte para protestar anula cualquier posibilidad
de que se les conceda la razón. Resulta improbable que
alguien con suficiente influencia sobre la opinión
pública empeñe su palabra a favor de este gremio, pues
muy pocos quieren que se les cuelgue el sambenito de
apoyar la violencia.
Los medios, factor
fundamental en la ecuación, han ido más allá de la labor
de informar; han sido pieza relevante para la
descalificación de la postura de los maestros basada en
el enjuiciamiento de los hechos en los que se han visto
envueltos al llevar adelante sus protestas. Es decir, ya
no importa si pudieran tener razón, deja de asistirles
en la medida de los destrozos que causan y se destaca
porque es lo “noticioso”, en el caso de que el único
interés de los medios sea informar.
El gobierno federal y los
legisladores redactaron la reforma educativa con base en
lo que consideran que es mejor para la educación
mexicana. Los legisladores, no sólo en este caso,
discuten las iniciativas, cabildean con otros partidos,
escuchan a sus cúpulas y luego votan. Se olvidan que
están en un cargo de representación popular y nunca
regresan a consultar o tratar de percibir cuál es la
postura de los votantes de su distrito, sólo responden a
sus partidos. Este comportamiento es una de las grandes
taras de la representación popular mexicana; cuando
después de una elección los presidentes nacionales o
municipales, gobernadores y legisladores tienen en sus
manos la constancia de mayoría parecen recibir carta
blanca para actuar exclusivamente conforme mejor
conviene a sus intereses y a los de su partido. El de la
reforma educativa fue un caso más.
¿Por qué la semana anterior
no se votó la reforma en la sede alterna si el PRI y el
PAN tienen mayoría? ¿Les atacó un cargo de conciencia y
decidieron escuchar a sus representados? Seguramente no.
El cálculo de la oportunidad no falla y era arriesgado
llegar al primero de septiembre con protestas de esta
naturaleza o más violentas. La victimización de los
cuerpos de seguridad quizá no alcanzaría para mantener
el juicio popular contra los maestros. Culparlos por los
daños causados funciona hasta cierto punto y puede
convertirse en arma de doble filo, pues en el afán de
dar una cifra escandalosa y endosarle la cuenta a los
docentes rijosos, se abre espacio a las preguntas sobre
la generosidad para gastar cuando se trata del erario
público.
Son incuestionables los gastos de
atención médica para los policías lesionados y los
costos del reemplazo de la cámara del circuito cerrado
de televisión, los equipos biométricos, las rejas y las
mangueras contra incendio dañados. En cambio, si se
revisa el desglose de los 4.5 millones parece un tanto
excesivo pagar dos millones por la renta del Centro
Banamex, o rentar 19 autobuses para trasladar a los
legisladores a la sede alterna con un costo de 143 mil
pesos o tres millones en hoteles. Con tal desglose, las
cuentas no suman 4.5 millones, ¿querrá eso decir que son
gastos adicionales?
El hecho positivo es el del acuerdo para
instalar una mesa de diálogo entre legisladores y
cnte, sin
que deje uno de preguntarse por qué no se hizo en el
proceso de redacción de la ley o durante el análisis en
comisiones. Resulta paradójico que al mismo tiempo que
son reprochables las acciones de los maestros, la
instalación de la mesa resulta una respuesta política
sensata y acorde a la intensidad de la protesta. Por
otra parte, los maestros de la
cnte no
son los únicos preocupados por las consecuencias de la
nueva ley, en el ambiente magisterial hay preocupación y
los líderes sindicales lo reconocen. Con este nuevo
espacio de diálogo, si éste realmente se produce, el
punto medular será la preservación de los derechos
laborales y no perder de vista que los docentes son
producto del sistema educativo que los forma y del
empleo que los capacita y marca pautas de desempeño. La
práctica perversa de calificar a los docentes según los
resultados de sus alumnos en las pruebas estandarizadas
llevó a considerar que la función docente consistía en
preparar a sus alumnos para responder exámenes es sólo
un ejemplo de cómo se había moldeado la práctica
profesional de los maestros y cómo se le evaluaba.
Una ley justa no puede
convertir en responsabilidad personal lo que surge como
consecuencia de un fenómeno social e institucional. La
reforma educativa nos atañe a todos, no sólo a maestros,
alumnos y padres de familia con hijos en edad escolar;
la calidad de nuestra educación nos califica como país y
señala el rumbo general de la nación, por lo cual,
ganamos todos cuanto menos conflictos y más acuerdos
impliquen los cambios para una mejora efectiva de la
educación.
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