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Ahorros
Política en tacones
De Pilar Ramírez
2 de febrero de 2013
El pasado 30 de enero, la
Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial de
la Federación los lineamientos del gobierno federal para
ahorrar el cinco por ciento del presupuesto autorizado a
las dependencias.
Por primera vez,
Hacienda no encabeza las acciones de ahorro con lo que se conoce
popularmente como “congelación de plazas”, que no es más que la
determinación de no contratar a nadie y tampoco sustituir al
personal que se jubila o renuncia. Las dependencias deberán
hacer un diagnóstico para definir los rubros de ahorro, con base
en lineamientos emitidos por la dependencia federal, entre los
que se incluye el capítulo 1000 (salarios) en los mandos
superiores que van de subsecretario a director general y mandos
medios que comprenden de director general adjunto a jefe de
departamento y, entre los criterios, el costo asociado a la
plaza y a la persona.
El uso del lenguaje
burocrático para describir la intención de ahorrar da lugar a
una serie de interpretaciones, pero es un primer paso para
reconocer algo que es del conocimiento popular: una gran
cantidad del dinero público se destina a servicios de privilegio
para los titulares de las dependencias. A fuerza de repetición,
nos hemos habituado a una lógica muy retorcida en la que los
funcionarios, que son los empleados que más ganan, son los que
más apoyos y prebendas tienen.
En la burocracia mexicana es
“normal” que el jefe tenga vehículo, chofer, gasolina, telefonía
celular, gastos médicos mayores (aunque tenga derecho al IMSS),
seguro de retiro, gastos de representación que no son sino
comidas gratis en compañía de amigos y en lugares caros,
papelería personalizada, diarios y revistas, equipos
computacionales y accesorios de última generación como las muy
codiciadas tabletas de la manzanita, además de secretarios
particulares o asistentes que le facilitan la vida al
funcionario en cuestión pues no sólo se encargan de la agenda
institucional sino que además le mandan flores a la esposa el
día de su cumpleaños o de su aniversario de bodas (para cubrir
al marido que olvidó la fecha), compran los regalos de los
hijos, de las amantes (los cuales nunca olvida el funcionario),
cumplen encargos familiares o las compras del supermercado,
envían el vehículo para que lleve y traiga a la familia, compran
la pluma que le gusta al jefe (con el fondo revolvente de la
oficina) y cuidan que en la cafetería haya siempre productos que
son del gusto del titular, todo ello con recursos públicos.
Entre mayor es el rango del funcionario el nivel de gastos
asociados también es más grande y si ello se multiplica por
todos los niveles de mando que existen en el gobierno federal,
podemos imaginar la sangría de recursos que cotidianamente se
hace a las arcas gubernamentales, sólo por esos conceptos y
destinados exclusivamente a quienes tienen los salarios más
altos, algunos de ellos indecentemente altos.
Ojalá allí terminara el problema.
Es un fenómeno que se repite en las entidades federativas y en
cada uno de los más de dos mil quinientos municipios del país,
donde el nivel de gasto es acorde a la riqueza del municipio,
pero siempre hay de más para los jefes de mayor jerarquía. Eso
sólo por lo que corresponde a los gastos autorizados, pero
sabemos que en estos rubros también se quebrantan a menudo las
normas. Sólo es cuestión de revisar la gran cantidad de
municipios que no entregan buenas cuentas.
El resto de los trabajadores, en
cambio, son los que se apretujan en el autobús o en el metro,
los que dejan sus coches al final de la quincena porque ya nos
les alcanzó para la gasolina, los que se comen una sopa
“Maruchan” para ahorrar, los que le ponen de cien en cien el
crédito a su celular, lo que compran a muchos meses sin
intereses aunque en el precio final ya vayan incluidos pero es
una forma de no entregar el dinero de una sola vez, los que ni
siquiera le compran un regalo de aniversario a la esposa porque
no les alcanza el sueldo aunque se acuerden perfectamente de la
fecha, los que envían a sus hijos a las escuelas públicas y no
sólo los mandan sin chofer sino también sin compañía paterna
porque no pueden compaginar los horarios de entrada para ir a
dejar a los niños.
El cómo se gastan los recursos
públicos ha sido desde siempre un reclamo de transparencia. La
sospecha de que los funcionarios “se sirven con la cuchara
grande” ha estado, y está, detrás de la desconfianza que los
ciudadanos tienen hacia los políticos. Las leyes de
transparencia han venido a ser un auxiliar, pero quienes manejan
las finanzas públicas, la mayoría de las veces encuentran formas
lícitas de presentar o justificar los gastos ilícitos.
En una gran cantidad de cabeceras
municipales, sobre todo en la ciudades más pequeñas, no hace
falta un diagnóstico por escrito, casi cualquier habitante se
vuelve testigo de que los presidentes municipales y algunos
otros funcionarios, al año de estar en el cargo ya tienen la
casa más grande del pueblo, y a veces más. No obstante lo
anterior, el Instituto Federal de Acceso a la Información
Pública (IFAI), amparado en el secreto bancario, determinó
mantener como información confidencial o reservada los montos
que los municipios piden prestado a Banobras, pues señalaron que
los ciudadanos no son las personas indicadas para conocer dichos
datos, aunque sí lo sean para pagar, porque estas deudas se
pagan con los impuestos.
Muchos de los
recursos que llegan a manos de los funcionarios más altos de
toda la burocracia cruzan la frontera de la legalidad para
colocarse en la ilegitimidad o abiertamente en la corrupción. No
es gratuito que en 2011, según la organización Transparencia
Internacional, México se haya colocado en el lugar 104 —de 174—
en el índice de percepción de la corrupción. Misma razón por la
que el presidente del Banco Mundial señaló recientemente que
existe “una asociación negativa entre el crecimiento y la
corrupción” porque ésta “actúa como un impuesto regresivo” que
penaliza a los ciudadanos más pobres y a las firmas más
pequeñas.
Los funcionarios no
son los únicos responsables de la corrupción pero hacen su
contribución. Los privilegios de los que gozan pueden ser
legales pero no legítimos. En un país con millones de pobres y
con tantas carencias, incluso en el sector gubernamental (sólo
véanse las condiciones de algunas escuelas) es insultante el
dispendio de recursos en privilegios para los funcionarios. Las
medidas de ahorro en los inicios de sexenio son comunes, ya
veremos si en esta ocasión se aplicarán sensatamente y si existe
la intención de erradicar estos malos hábitos burocráticos.
(sólo véanse las condiciones de
algunas escuelas)
www.tulancingo.com.mx
www.hidalguia.com.mx
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