Narcocorridos
Política en tacones
De Pilar Ramírez
22 de febrero de 2013
En
días pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación
determinó que el gobernador del estado de Sinaloa, Mario
López Velarde, se excedió en sus funciones al prohibir
los llamados narcocorridos en el Reglamento de Alcoholes
de la entidad. Con ello se revierte la prohibición de
vender, exhibir, exponer o reproducir “música, videos,
imágenes y/o espectáculos artísticos tendientes a
enaltecer criminales, conductas antisociales y/o
actividades ilícitas” impuesta en el artículo 16 del
citado reglamento como condición para autorizar o
revalidar la licencia a bares, centros nocturnos y
cantinas de la entidad.
La decisión de
la SCJN indica que el ejecutivo del estado tomó decisiones que
corresponden sólo al poder legislativo y es, de hecho, la
resolución a la controversia constitucional promovida por el
congreso estatal. Lo anterior significa que la SCJN determina
que el ejecutivo del estado no era la persona indicada para
realizar la prohibición, le da la razón al congreso estatal en
el sentido de que es atribución de ese cuerpo legislativo, es
decir, la Suprema Corte no discute la pertinencia de la
prohibición sino sólo señala que no era atribución del
gobernador imponerla.
La precisión
es importante porque la SCJN no impugnó la censura, sólo la
legitimidad de su autor. La Comisión de Justicia de la Cámara de
Diputados suavizó hace cuatro años la iniciativa de castigar con
cárcel los narcocorridos que presentó el diputado panista Oscar
Arce. El ayuntamiento de Chihuahua vetó el año anterior al grupo
Los Tigres del Norte por haber interpretado el tema “La reina
del Sur” en una feria local, contraviniendo la prohibición de
narcocorridos que existe en la ciudad.
El fenómeno
del narcotráfico con su muy lamentable estela de violencia no ha
sido provocado por los corridos y quizá ni siquiera alimentado
por el género musical. “Camelia la Texana” no produjo el ingreso
masivo de las mujeres al narco ni tampoco está comprobado que la
serie “El cártel de los sapos” haya animado a los jóvenes a
sumarse a las filas de la delincuencia. Los grupos que
interpretan estos corridos son como unos modernos juglares que
sólo recogen lo que está ocurriendo en el entorno. ¿Qué
diferencia hay entre una pieza musical y las notas periodísticas
que todos los días nos hablan de fosas clandestinas,
acribillados, decapitados, colgados, extorsiones y levantones
que ha traído consigo la existencia de grupos delictivos ligados
al narcotráfico, la lucha entre ellos por las plazas y su
combate por parte de los cuerpos policiacos?
Esta lógica
cancelaría joyas de la cinematografía contemporánea como El
Padrino, Érase una vez en América o Buenos muchachos
y muchas más, pues la filmografía sobre la mafia en Estados
Unidos y sus representantes es muy extensa, sin que hasta la
fecha se tenga noticia de que se haya establecido a Hollywood
como responsable de engrosar las filas de la mafia.
Las fronteras
entre la apología del delito, la incitación al mismo o
simplemente hablar de un fenómeno de actualidad como es el
narcotráfico y la violencia que viene aparejada son muy delgadas
y se requiere una gran sensibilidad para evitar que al amparo de
la defensa de los valores de la sociedad y la protección de la
juventud se caiga en actos abiertos de censura. Hasta ahora, la
censura de los narcocorridos parece una acción gubernamental que
pretende compensar su ineficacia en otros terrenos, pues su
prohibición tampoco ha disminuido la violencia o arrojado una
disminución sensible del tráfico de estupefacientes.
No es la
primera vez que una autoridad utiliza el argumento del bien
común y la protección de la sociedad y sus valores para censurar
expresiones artísticas. La censura que nos es más familiar es la
de la palabra escrita, pero también la música ha sido objeto de
represión política y de censura en grados variables.
Durante el
franquismo, las piezas musicales que los cantantes o grupos
pretendían grabar debían obtener previamente la autorización del
Ministerio de Información y Turismo. Varios representantes de la
llamada “canción española” tuvieron que pagar multas por
interpretar canciones en conciertos o festivales sin haber
recibido previamente autorización o pisaron en varias ocasiones
la cárcel como les ocurrió, entre otros, a Joan Manuel Serrat y
Víctor Manuel; incluso un grupo de ultraderecha hizo estallar
una bomba en la casa de este último en 1976.
La dictadura
de Franco declaró persona non grata al cantante de origen griego
Georges Moustaki y le prohibió la entrada porque se negó a pasar
sus canciones por la oficina de censura y porque durante su
debut en el Palau de la Música de Barcelona en 1971 cantó “En el
Mediterráneo” en cuya letra dice “el cielo está de luto y la
palabra libertad ya no se dice en castellano”. Moustaki —que por
la letra de sus canciones tuvo también diferencias con la
dictadura portuguesa— no pudo regresar a España sino después de
la muerte de Franco. En el Festival Eurovisión de 1968 se
desató una polémica porque España estaría representada por la
canción “La la la” interpretada por Joan Manuel Serrat quien
anunció que lo haría en catalán; el régimen de Franco se lo
impidió y resultó ser la ganadora del festival, pero
interpretada por la cantante Massiel.
Ejemplos hay
muchos lamentablemente, para no ir muy lejos, el famoso bolero
de José Antonio Méndez “La gloria eres tú” fue modificado
—censurado— para evitar el enojo de los grupos religiosos. La
letra original era:
“dicen
que la gloria está en el cielo. Desmiento a Dios porque
al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo tisú, si alma mía,
la gloria eres tú”,
para quedar como todos sabemos
“bendito
Dios porque al tenerte…”.
Por ahora, como la SCJN vela
por la observancia de la ley, pero no tutela el buen gusto
musical, los narcocorridos regresarán a Sinaloa.
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Tacón bajo.-
El “Niño Verde” no es niño ni es verde, es un político cuarentón
al que no se le conoce ninguna aportación a favor del medio
ambiente y sí muchas al anecdotario de la corrupción y del
escándalo político. Lo menos que nos pueden dar las autoridades
del DF es la satisfacción de aplicarle la ley y no sólo por
haber conducido ebrio sino por las amenazas a los policías y por
mentir a una autoridad. Veremos si de verdad vivimos en un
Estado de Derecho, mínimo que grite como Pedro Infante:
“Toriiiito”.
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