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18
de septiembre de 2013
La movilización magisterial que generó
la reforma educativa ha sido el movimiento social más
importante de la última década. Las controvertidas
reformas propuestas por el gobierno federal han sacado a
la ciudadanía del letargo político en el que parecía
sumida y literalmente la han sacado a la calle... a
protestar.
El rechazo a la reforma
educativa está produciendo interesantes reacomodos de
poder que muy seguramente se manifestarán en el futuro
cercano, uno de ellos se relaciona con el sindicalismo.
El interés del gobierno federal por sacar adelante la
reforma educativa lo llevó a eliminar la anterior
dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE)
para negociar con nueva la aceptación de la reforma,
pero enfrenta la oposición de la sección 22 de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
que tiene sectores muy radicales que encienden la
protesta.
La
CNTE, sin embargo, no es la única
que protesta, en 22 entidades federativas ha habido
importantes manifestaciones contra la reforma que no han
estado a cargo sólo de la
CNTE, sino que la han llevado a
cabo también maestros pertenecientes al
SNTE y a otros sindicatos. Las
bases magisteriales no se conformaron con las
negociaciones de sus líderes y marcaron distancia de
ellos en este tema que consideran vital. Este
distanciamiento puede propiciar la gestación de
importantes cambios en el pacto que hasta ahora había
definido las relaciones entre el poder gubernamental,
las dirigencias sindicales y las bases.
Veracruz es una entidad
sui generis en el movimiento magisterial porque la
movilización corre a cargo de docentes adheridos a una
docena de sindicatos y por ello puede resultar
emblemática para analizar la transformación de ese
acuerdo que ha sostenido la relación entre el poder y el
magisterio.
En las semanas previas a la promulgación
de las leyes secundarias de la reforma educativa, los
sindicatos magisteriales veracruzanos encabezaron una
tibia protesta que incluyó breves paros de brazos
caídos, pronunciamientos públicos en contra de la
reforma y marchas por las calles de Xalapa, algunas de
ellas nutridas porque fueron convocadas simultáneamente
por varios sindicatos. Los líderes sindicales fueron
llamados a reunirse con las autoridades gubernamentales,
de lo cual resultó el respaldo de la mayoría de los
sindicatos a la reforma educativa y la promesa de
vigilar que no se lesionen los derechos de los maestros
veracruzanos.
Este hecho marcó una
escisión importante entre los líderes y las bases, las
cuales se rebelaron por una decisión que consideraban
tomada unilateralmente y a sus espaldas. Los docentes
decidieron continuar la protesta en contra de la
reforma, han marchado —ya no sólo en la capital Xalapa
sino en muchas ciudades de la entidad— han logrado el
apoyo de padres de familia y, sólo por la cantidad de
maestros, han puesto en jaque a las autoridades frente a
dirigencias imposibilitadas de impedir la protesta, a la
cual se han sumado padres de familia, estudiantes
universitarios y normalistas que ven un futuro sombrío
en la profesión que eligieron, pues, para bien o para
mal, se vislumbra como concluida la fase de profesión de
Estado que fue el magisterio en México desde su
nacimiento. Algunos días también se han sumado a los
maestros otros trabajadores con sus propios reclamos.
Hasta ahora, el acuerdo
fundamental entre el aparato de poder y las dirigencias
sindicales se basaba en el manejo corporativo de un
importante gremio, cuyo control por parte de los líderes
hacía un aporte relevante a la estabilidad política y la
gobernabilidad, control apreciado especialmente en
tiempos electorales. La alianza de las dirigencias con
los agremiados, por su parte, incluía garantizar a los
maestros el ejercicio de derechos adquiridos y otros no
reconocidos oficialmente, algunos declaradamente
inadmisibles, tarea que tomaba forma en la tramitología
burocrática, como permisos, comisiones, negociación
salarial y de prestaciones, recategorizaciones y
asignación de plazas. La gestión de la “herencia” de
plazas también pasaba por la intermediación sindical,
que hoy se dice no tendrá lugar con la reforma
educativa. Es preciso recordar que esta práctica nunca
fue legal, no se encuentra estipulada en ningún
documento o acuerdo, lo cual no obstaba para que fuese
moneda de uso corriente. Habría que añadir que no deja
de ser lastimoso un contexto nacional donde resulta
altamente codiciado heredar una plaza docente cuyo
ingreso promedio para docentes de educación básica es de
siete mil pesos.
Los sindicatos también
tienen un considerable margen de negociación que cobija
la opacidad que tanto se ha criticado a los gremios.
Todavía está por verse hasta dónde socava la reforma
educativa esta zona de negociación no formal.
Las diferencias de opinión entre
dirigencias y agremiados a raíz de la reforma han
provocado un cisma en la mayoría de los gremios
sindicales veracruzanos. Las excepciones son dignas de
analizarse, pero el fenómeno general es el de maestros
rebelados a su organización. La megamarcha realizada el
11 de septiembre fue más que elocuente para exhibir este
hecho. Los cálculos de treinta mil personas marchando en
la ciudad de Xalapa, veinte mil en Minatitlán y varios
miles más en otras ciudades veracruzanas, a pesar de
indicaciones específicas en contrario por parte de los
líderes, están poniendo a reconsideración la solidez del
pacto en el que se fundaba la relación de los dirigentes
con sus agremiados.
Por otra parte, el rol de control y
contención que habían cumplido aceptablemente los
sindicatos en tiempos de calma política también entró en
crisis. Desde el poder, la lectura de un sindicalismo
que no puede estructurar una argumentación válida para
convencer a sus bases o la ausencia de mecanismos
eficientes para lograr el consenso surge
inevitablemente. La aceptación tácita de esta crisis fue
manifiesta cuando las autoridades gubernamentales y
diputados del congreso estatal se sentaron a dialogar
con maestros inconformes sin la presencia de los
dirigentes sindicales. Más allá de los frutos inmediatos
que puedan rendir estas negociaciones, para el
movimiento magisterial, que exigió negociaciones con los
maestros marchistas y no con los líderes, este es un
logro que se deberá ponderar con mayor reposo. Los
maestros se vieron a sí mismos dueños de una fuerza que
no proviene de un membrete.
Es todavía incierto el destino que
tendrá la protesta magisterial en relación con la
reforma educativa, pero no cabe duda que algunos viejos
pilares sobre los que descansa el sindicalismo
magisterial, empolvados y herrumbrosos, se están
sacudiendo y los resultados de esa limpieza no serán
inmediatos pero pueden llegar a mediano plazo con una
transformación gremial que erradique prácticas que no
han hecho nada bien a la imagen de los maestros.
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