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6 de febrero de 2014 No voy a dar una lección de baile ni a comentar la célebre obra de Lenin, sino a reflexionar sobre la ley sobre el aborto que emitió recientemente el gobierno de Mariano Rajoy en España. Con la nueva ley impulsada por Rajoy y respaldada por el Partido Popular se deroga la esencia de libertad de la ley vigente aprobada en 2010 durante el gobierno de José Luis Zapatero, conocida como la ley de plazos.
La ley de Zapatero eliminó del Código Penal el aborto y con la Ley de Reproducción Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo lo colocó donde siempre ha debido estar: en la esfera de la salud pública. Los plazos se refieren a que se reconoce la libertad de las mujeres para decidir si quieren o no ser madres hasta la semana catorce, sin necesidad de dar argumento alguno y sin ningún tipo de restricciones. Se incluyó a las mujeres de 16 y 17 años, sólo se indicó la obligación de informar a uno de los padres, condición que puede ser obviada si la adolescente señala un riesgo fundado de violencia familiar; entre las semanas 14 y 22 se puede solicitar un aborto cuando existen graves riesgos para la salud de la madre o el feto presenta graves anomalías y después de la semana 22 sólo cuando el feto presente anomalías incompatibles con la vida. Con la ley de 2010 se saldó una deuda pendiente con las mujeres españolas y llegaba un poco tarde en comparación con la mayoría de los países europeos, pero llegaba al fin, aunque es preciso reconocer que una parte importante de la sociedad conservadora española se manifestó en contra. Hoy, el gobierno de Rajoy echa atrás esa legislación y coloca nuevamente a las mujeres en la situación en que se encontraban por lo menos en el siglo XIX. Aunque el jefe del Estado español argumenta que sólo ha restaurado los supuestos de la legislación de 1985 el retroceso es mayor tanto porque la ley es más restrictiva como porque hoy se arrebata a las mujeres derechos y libertades de los que ya habían gozado en un contexto político y social muy distinto al de 1985, donde la tendencia hacia la ampliación del goce de los derechos de las mujeres hace ver a esta ley más reaccionaria. Es tan aberrante como si se intentara reponer un sistema de esclavitud o de segregación racial. En la ley que está por entrar en vigor sólo se justifica el aborto en casos de violación y cuando la vida de la madre o el feto están en peligro. Eliminó la causal de las malformaciones en el feto alegando que no hay embriones de primera o de segunda. Con toda razón se reclama que se otorgue a los fetos con malformaciones el derecho a nacer pero se les niegue vivir dignamente. El rechazo a la nueva ley, que tiene posibilidades de conseguir la aprobación del Parlamento donde el Partido Popular tiene mayoría, no provino sólo de las mujeres. Las marchas convocadas en días pasados, tanto en varias ciudades españolas como en otros países europeos, tuvo una gran asistencia de hombres que ven no sólo una agresión al ejercicio de los derechos de la población femenina sino a la democracia misma. Por otro lado, la ley también coloca al personal de salud en una situación desventajosa, pues al tipificar como delito el aborto se determinó que el castigo no sería para las mujeres pero sí para el personal sanitario que lo practique. La magnitud de la indignación y el rechazo a esta y otras acciones del gobierno de Rajoy, en una España que revuelve en crisis de diversa índole, ya se verá en las urnas, por lo pronto, sus vecinos de la comunidad europea tienen razones para sentirse avergonzados de este integrante. Las acciones para paliar los efectos de este golpe a las libertades no se limita a las marchas, por ejemplo, el ginecólogo Josep Lluis Carbonell hizo pública su decisión de continuar practicando abortos a las españolas que lo requieran y la ONG en la que trabaja está dispuesta a destinar recursos para atenderlas en un barco de la organización holandesa Mujeres sobre las Olas a fin de que los abortos, con las nuevas técnicas farmacológicas, se realicen en aguas internaciones bajo las leyes de Holanda. La nueva legislación no es una ley sobre el aborto, dice este médico, sino una ley de gestación obligatoria. Las restricciones que impone la nueva ley a la interrupción del embarazo traerán a la postre discriminación, pues se calcula que un viaje fuera de España para este fin requiere un promedio de dos mil quinientos euros, recurso que sólo un puñado de españolas tendrá a la mano. Igual que en otros lugares, se castigará la pobreza y no el aborto. El asunto de España queda como ejemplo de lo que pueden acarrear las políticas públicas que dan preferencia a las creencias personales, morales o religiosas. En nuestro país, el PRI debe analizar el caso del gobierno conservador español que ha optado por honrar sus compromisos con sectores como el clero aunque dé la espalda a sus ciudadanas. ¿Dónde estaba la jerarquía católica a la que tantas veces respaldó el PRI cuando éste perdió el poder? Afianzando lazos con el partido con el que siempre se ha identificado más para, entre otras cosas, lograr legislaciones restrictivas del derecho a decidir. |
