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25 de febrero de 2014 El asesinato del reportero veracruzano Gregorio Jiménez de la Cruz ha motivado al gremio periodístico a manifestarse para exigir garantías en la realización de su labor informativa. El domingo 23 de febrero al menos 20 ciudades del país fueron escenario de una movilización coordinada para exigir protección al periodismo y garantizar así tanto la seguridad de quienes lo ejercen como el derecho a la información para toda la ciudadanía. Manifestantes en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos se sumaron a la misma protesta.
Como va siendo cada vez más común, las movilizaciones estuvieron promovidas desde las redes sociales donde también se generó una ciberprotesta en la que muchos más ciudadanos tuvieron oportunidad de expresar su apoyo y sus puntos de vista. La muerte lamentable de Gregorio Jiménez coloca en primer término la exigencia del esclarecimiento total de este asesinato, que ha resultado el detonador de las protestas, seguido de la exigencia de seguridad y el respeto a la libertad de expresión.
El peligro que representa ahora el ejercicio periodístico nos hace retroceder varias décadas; nos ubica en la época en que era moneda corriente acallar a los periodistas incómodos con balas o con rejas. Justamente el día de la protesta de los periodistas se informó que en la ciudad de Orizaba un reportero había sido detenido por autoridades municipales durante una manifestación de comerciantes que protestaban contra inspectores del ayuntamiento, en tanto que la Procuraduría de Justicia de Oaxaca dio a conocer la muerte de Omar Reyes Fabián, corresponsal del diario Tiempo en Mihuatlán de Porfirio Díaz. El asedio contra los representantes de los medios resulta atemorizante, pero es preciso reconocer que no es sino la manifestación de una crisis mayor, de situaciones sociales y políticas de mayores dimensiones que están afectando distintas esferas de la vida social, con las que surge, desde distintos ámbitos el interés de acallarlas. Por eso, la exigencia social y no sólo de los periodistas, debe enfocarse a esos problemas que son los que convierten al quehacer periodístico en una tarea peligrosa. El narcotráfico es uno de ellos y muy importante, pero no es el único. Baste considerar el motivo por el cual aparentemente fue asesinado Gregorio Jiménez: por sus investigaciones sobre la trata de personas, específicamente migrantes, y los secuestros. Esclarecer el asesinato. ¡Sí! Pero no dejar que este reclamo opaque los problemas que están detrás. En estos días se están discutiendo en la Cámara de Diputados las reformas a la Ley de Trata turnadas por el Senado, cuya modificación más importante es la ampliación de la tipificación de esta conducta delictiva y la imposición de sanciones más severas. Como en otros casos, es preciso contar con la ley que establezca los términos y sanciones para esta acción delictiva pero de manera simultánea se requiere de un sistema judicial que actúe con mayor eficiencia para que la aplicación de la ley sea posible y no quede en letra muerta. Ante el incremento de diversas manifestaciones de violencia, la sociedad mexicana está ávida de un poco de confianza. Hasta ahora esa dosis de cercanía se ha dado preponderantemente con otros miembros de la sociedad, entre personas que han adoptado militancias emergentes por ser víctimas del mismo delito, por compartir la pena de tener un familiar desaparecido, por haber sufrido robos, asaltos o extorsiones, pero es urgente que la capacidad de respuesta y solución se incremente para que la ciudadanía pueda restañar las heridas que la violencia le ha dejado y que no son pocas. Los discursos, las promesas y las declaraciones se agotaron hace tiempo. Necesitamos, con hechos comprobados, volver a confiar en las instituciones. No queremos que llegue el momento de salir a la calle con una diana que rece: “Ciudadano, no dispares”. |
